Senador 5

La DC debe explicar al país el fraude que es investigado en la Junaeb

“En la Junaeb había una red para defraudar al Estado con los recursos que estaban destinados a los más pobres del país y quienes comandaban este servicio tanto el director como la plana ejecutiva son militantes de la DC y quiénes son los llamados a dar las explicaciones pertinentes y responder a los chilenos sobre lo que ahí ocurrió, por la confianza política que se les depósito en ellos”. Así lo afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela tras conocer los antecedentes de la investigación por fraude al fisco que realiza el Ministerio Público y que se emitieron en un programa de televisión.

El parlamentario recordó que él junto al diputado de La Serena, también de la UDI, Sergio Gahona, presentaron la primera denuncia frente a esta situación, lo que luego originó la salida del director de la Junaeb. “Con nuestros antecedentes y los que luego acumuló la investigación de la Fiscalía, “nos permite adelantar que existe evidencia muy concreta que lleva a un supuesto pago de coimas y claramente un desvío de fondos públicos, cuyo destino debe ser aclarado”.

En concreto se trata de la adjudicación por trato directo de más de 25 mil millones de pesos para la distribución de raciones alimenticias en colegios municipales y subvencionados y que van en beneficio de los niños más vulnerables del país.

Por estos contratos se habría pagado un sobreprecio por sobre los 5 mil millones de pesos. “Hay antecedentes suficientes para que en este caso intervenga el Consejo de Defensa del Estado y sería importante que el gobierno emita algún pronunciamiento frente a este caso y particularmente la DC, cuyos militantes están involucrados”.

Pérez Varela precisó que el problema se produce en el Programa de Alimentación Escolar, PAE, con casos a lo largo de todo el país, donde se evidenció una falencia estructural mayor que se provocó  cuando dos empresas de foodservice, Ferbas e Ibasa, incumplieron sus contratos con el Estado y a inicios de año las autoridades de Junaeb optaron por delegar el servicio a trato directo, sin licitación, a sociedades sin experiencia, desconocidas en el mercado y, en algunos casos, endeudadas.

El parlamentario indicó que para este trato directo se invitó a participar a 16 empresas del rubro, de las cuales sólo 12 presentaron ofertas, “pero lo extraño es que sólo se evaluó a tres, y sin ninguna explicación razonables no se consideraron a las otras 9”.

Más aún, dijo el parlamentario, “de las tres seleccionadas, finalmente se deja a las dos más caras, que además no reunían el mejor puntaje respecto a la calidad del servicio que podían ofrecer, lo que se ha comprobado en la fiscalización que se ha hecho aleatoriamente en colegios de la Cuarta y Octava regiones”.

Senador 4

“El gobierno debe sincerar lo que pasa en la minería”.

El senador de la UDI, Víctor Pérez Varela pidió al gobierno “sincerar las cifras, estamos frente una crisis en la minería, que muestra cifras negativas que este gobierno no quiere reconocer”.

El parlamentario sostuvo que “se están cerrando faenas, las grandes empresas se están estructurando y despidiendo gente, Codelco reducirá sus costos, para ser frente a la crisis del cobre y ya ha despedido personal, pero el gobierno se esmera en señalar que todo es pasajero, que es algo puntual, pero no se ve que el panorama vaya a mejorar en el corto o mediano plazo”.

Pérez Varela señaló que “ya han salido expertos, señalando que si el precio del cobre bajara a menos de US$1, 18 la libra el 30% de la producción en Chile tendría que parar, y eso en que repercute, paralización de inversión minera, menos aporte fiscal, menos inversión en lo social y restricción de políticas de estado, pero eso no se sincera por parte del gobierno, es como si quisieran ocultar una realidad latente y claramente presente”.

Recalcó que “estamos frente a una crisis económica que se ha ramificado en las diferentes áreas de importancia para el país, trabajo, salud, delincuencia, etc. Y a todo lo anterior hay que sumarle lo que está pasando en la minería y el bajo precio que tiene el cobre hoy en día. Sabemos que es algo que puede fluctuar por muchos motivos, pero lo que estamos pidiendo es sincerar las cifras, los chilenos tienen derecho a saber lo que sucede con la billetera fiscal”.

Para el senador de la UDI, “esperamos que a diferencia de otras instancias, el gobierno no esté ocultando información relevante al respecto, para así poder maquillar una situación de crisis que como reitero está presente y en franco desarrollo”.

Senador 5

“La falta de prolijidad política del gobierno deja abierta la opción de un nuevo paro de camioneros”.

“El gobierno nuevamente evade los problemas de los transportistas de las regiones del Bío Bío y de la Araucanía y no es capaz de mantener una mesa de trabajo para buscar soluciones”, afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela, tras la decisión de la Confederación Nacional de Transporte de Carga de abandonar el diálogo establecido con las autoridades.

El parlamentario sostuvo que “la falta de prolijidad política del gobierno vuelve a poner en riesgo el sistema productivo del país, ya que una paralización de los camioneros pone en jaque todo el flujo comercial con el daño que eso provoca en la economía”.

Pérez Varela puntualizó que “es poco comprensible lo que hizo el gobierno al no reunirse con la organización gremial con la cual había iniciado un proceso de conversaciones después de una prolongada paralización en agosto pasado”.

Recalcó que “claramente los asesores de la Presidenta se volvieron a equivocar y la han expuesto de manera innecesaria a una situación compleja y que además refleja que en La Moneda hay dos visiones contrapuestas para enfrentar los problemas que afectan al país”.

Indicó que “el ministro del Interior había logrado avanzar con los camioneros, pero una mala decisión echó por tierra todo lo avanzado y si tenemos un nuevo paro del transporte de carga, la responsable será la propia Presidenta de la República”.

Además, dijo el senador de la UDI, “esta reunión en la que no participaron los dirigentes de la Confederación Nacional del Transporte de Carga, deja en una complicada situación al ministro del Interior, quien ahora no tiene piso político para seguir adelante con las conversaciones”.

 

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“Lo que sucede en el Biobío y La Araucanía no se puede calificar como un delito simple, eso es un error”.

“La presidenta no puede calificar lo que sucede en el sur de Chile como simples delitos, aquí se han quemado camiones, casas e incluso ha muerto gente inocente, por lo tanto aquí hay violencia, terrorismo pero no simples delitos”.

El parlamentario sostuvo que “en la zona del Biobío y La Araucanía se han sucedido hechos por un largo tiempo, donde la tranquilidad de la gente se ha visto simplemente vulnerada, calificar de delito el hecho de vivir con miedo a que les quemen su casa o sus maquinarias, significa que la presidenta no sabe o prefiere ignorar lo que realmente sucede”.

Pérez Varela expreso que “resulta increíble leer o escuchar a la mandataria señalar que no ha viajado a La Araucanía, porque siempre se le presenta algún inconveniente, eso demuestra la total indiferencia que se tiene por la zona y que solo frente a la presión social y mediática se decide a viajar a la zona, eso refleja la nula capacidad de este gobierno de solucionar los conflictos reales que afectan a los chilenos”.

El senador de la UDI agregó que “aún no sabemos si se concretará este viaje a la zona, pero de ser así, ojalá que no sea un show para los medios, sino que sea la oportunidad de presentar una solución real y concreta al conflicto, las soluciones parches no deben ser parte de la agenda”.

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El gobierno tuvo que asumir que la reforma laboral era poco seria.

“El gobierno asumió que su reforma laboral era poco seria y afectaba el desarrollo del país y en consecuencia está asumiendo posturas más racionales, aunque aún insuficientes”, afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela, tras la presentación de indicaciones que presentó el Ejecutivo.

El parlamentario sostuvo que “es un paso importante que el gobierno esté considerando garantizar servicios mínimos en caso de huelga, pero siguen vigentes elementos que lejos de incentivar el desarrollo y el empleo, tienden a estancar el mercado laboral, lo que va en contra de los trabajadores”.

Recalcó que “vamos a seguir insistiendo desde el Senado en modificar la reforma, que si bien puede ser necesaria, lo que necesitamos son mecanismos para incentivar el empleo juvenil, de la mujer, etc.”

Víctor Pérez Varela añadió que “lamentablemente, la izquierda y su gobierno han ideologizado el debate, y han planteado reformas que han estado mal concebidas desde su origen, como es el caso de la educacional y tributaria”.

Precisó que “en materia de educación la reforma ha pasado por muchos cambios, que han demostrado que ni el gobierno tiene la película clara, y los cambios no logran el consenso ni entre los estudiantes y menos entre las familias, los institutos profesionales, la universidades, etc.”

Respecto a la reforma tributaria, el senador de la UDI, aseveró que “hasta hoy estamos pagando la incertidumbre, el desempleo y el bajo crecimiento, y todo porque estamos ante un gobierno que ha pretendido echar por la borda todo lo que hemos avanzado en 25 años, sólo por razones ideológicas”.

 

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“El gobierno busca en una nueva constitución un traje a la medida de sus intereses”

“El gobierno y la Presidenta deben aclarar cuál es el rol del Consejo de Observadores Ciudadanos para el proceso constituyente, porque claramente es un organismo que no puede estar por sobre la soberanía popular y en consecuencia no puede tomar decisiones, y tampoco hacer propuestas”, afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela.

El parlamentario sostuvo que “todo este proceso constituyente, y este consejo, tendrán un presupuesto millonario, que no sabemos en qué ni cómo se van a gastar, no pueden definir ni los contenidos ni la forma en que se va a decidir la eventual nueva constitución, porque no forma parte de la institucionalidad vigente”.

Puntualizó que “no puede reemplazar la soberanía de los ciudadanos del país y que se expresa en el Congreso, por lo tanto, es en este poder del Estado, donde se debe decidir si es necesario cambiar la Constitución y cuál es el mecanismo para eso”.

Recalcó que “el gobierno y la izquierda no pueden pretender saltarse estos procesos porque ahí está la esencia de la democracia, en consecuencia vamos a velar porque la institucionalidad se respete”.

Por otra parte, añadió, “a este organismo tampoco le compete ser árbitro o conducir los diálogos ciudadanos, los cuales deben realizarse con absoluta libertad y sin ningún tipo de presión para que efectivamente representen el sentir de los chilenos”.

Pérez Varela agregó que “pero lo más importante es que este Consejo no identifica a la sociedad chilena, porque ha sido designado por el gobierno y no por los grupos a los cuales pretende representar”.

El senador de la UDI insistió en que “acá hay un tema de fondo que el gobierno no quiere entender, primero que la prioridad del país no está en el cambio de la Constitución, y lo segundo que da la sensación que la izquierda se quiere hacer un traje a la medida y eso no lo vamos a permitir”.

 

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Nuevo fiscal nacional debe investigar sin temor a los dirigentes de la izquierda.

“Por el bien de la credibilidad del Ministerio Público esperamos que el nuevo fiscal nacional aplique la misma vara para investigar los casos SQM y Caval, este último donde están involucrados la nuera y el hijo de la Presidenta”, afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela.

El parlamentario sostuvo que “confiamos también en que el nuevo fiscal nacional no le temblará la mano para investigar al ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo y a todos los personeros de la Nueva Mayoría ligados a los casos de financiamiento irregular de la política”.

A juicio de Pérez Varela, “quien deja el cargo en el Ministerio Público, actuó de manera parcial e ideológica, y pasará a la historia como un fiscal incapaz de actuar con independencia frente a quienes detentan el poder político”.

Puntualizó que “el nuevo jefe del Ministerio Público tendrá como primer desafío devolver la confianza en la institución y para eso tiene que actuar de manera imparcial y hacer lo que fue negado sistemáticamente por su antecesor”.

Insistió que “es lamentable el precedente que dejó Sabas Chahuán, y es fundamental que el nuevo fiscal tenga una actitud diferente, para no caer en situaciones similares de otros países latinoamericanos gobernados por la izquierda, donde los ex fiscales luego se arrepienten de sus actuaciones”.

Para el senador de la UDI, “Chile tiene una tradición de respeto al Estado de Derecho y a sus instituciones, y el nuevo fiscal tendrá que hacer un esfuerzo por recuperar la confianza en su institución, que hasta ahora se ha cargado hacia un sector político”.

Senador 4

El gobierno impide que los chilenos accedan a los beneficios de la Ley de Fármacos.

“La Ley de Fármacos está detenida por la ineficiencia del gobierno que pese a estar vigente desde febrero de 2014, no se puede aplicar porque no están hechos los reglamentos”, afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela.

El parlamentario sostuvo que “esta ley  introdujo regulaciones a la venta, acceso y prescripción de remedios, y su aplicación permitiría la reducción de los precios beneficiando a todos los chilenos”.

Recalcó que “no se entiende que exista una ley que beneficia a todos los ciudadanos y por la falta de reglamento que debe dictar el gobierno esto no se aplique, lo que perjudica el bolsillo de todos, pero particularmente de los sector más vulnerables”.

Pérez Varela añadió que “con esta ley, que se promulgó hace 21 meses, hoy podríamos tener precios mucho más bajos de los remedios en todas las farmacias del país, pero hay una inoperancia injustificable”.

Recordó que la norma obliga a las farmacias a fraccionar en dosis los remedios, lo que baja considerablemente los costos de los productos y que es uno de los factores que permite a la Central Nacional de Abastecimiento, obtener precios más convenientes con los laboratorios.

Por otra parte, la ley obliga a las farmacias a exponer los fármacos genéricos y bioequivalentes, los que son más baratos y en consecuencia daría más opción y libertad de elección a los consumidores.

También la norma obliga a los médicos a que en sus recetas colocar el nombre del compuesto genérico, lo que favorece a solicitar remedios mucho más baratos. “En consecuencia si todo esto se aplicará hoy todos los chilenos estarían beneficiados, pero estamos en un statu quo inexplicable”.

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El país tiene que tener claro que tenemos al Ministerio Público y a Impuestos Internos dedicados a perseguir a la oposición.

El jefe de Comité de Senadores UDI, Víctor Pérez, expresó esta mañana su poca sorpresa por la citación de la fiscalía a Pablo Longueira, ya que a su juicio, esto obedece a “la marca del fiscal Sabas Chahuán, perseguir a unos y no a otros”.

“Creo que el país tiene que tener claro que aquí tenemos al Ministerio Público y a Impuestos Internos dedicado a perseguir a quienes forman parte de la oposición y ese es un hecho absolutamente claro”, expresó Pérez.

El parlamentario señaló que  “Enríquez Ominami se ha reído del fiscal Chahuán por más de treinta días y el Fiscal Chahuán, en silencio. Y, por lo tanto, como se va en treinta días más, ha tenido que establecer lo que será su característica: perseguir a personas de la oposición, perseguir a personas de la UDI y encontró a Pablo Longueira, por lo tanto, citarlo cuando él se va a ir, a mí me parece claramente una persecución de carácter político”.

El senador Pérez recordó que “nosotros hemos planteado desde el principio un trato desigual, un Ministerio Público parcial. Pero ya esto a mí me parece claramente una persecución política. Impuestos Internos no se querella contra Caval, no se querella contra nadie la Nueva Mayoría y el fiscal Chahuán persigue sólo a un sector e Impuestos Internos también”.

Consultado sobre en qué pie queda la colectividad con esta nueva citación, el senador por la región del Bio Bio dijo que “sin duda desde el principio éste ha sido un escenario absolutamente adverso para nosotros, porque hemos tenido un Ministerio Público extraordinariamente riguroso. Impuestos Internos encontró todos los elementos para querellarse contra Jovino Novoa y no encuentra ninguno para querellarse contra Caval, por lo tanto, no hay duda que en ese escenario, con órganos del Estado persiguiéndonos políticamente, sin duda estamos en una situación compleja y en un escenario adverso que tenemos que enfrentar”.

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El doble estándar del director del SII es escandaloso y desprestigia a la institución.

“El doble estándar del SII en los casos que investiga sobre delitos tributarios es escandaloso y el director Fernando Barraza parece que busca proteger a los personeros vinculados a la izquierda”, afirmó el senador de la UDI, Víctor Pérez Varela. El parlamentario sostuvo que “el SII está actuando igual que el Ministerio Público en estos casos, de manera parcial y atacando a un solo sector político, y parece que busca intencionalmente proteger a dirigentes de izquierda”.

Puntualizó que “no se entiende que de manera tan rápida se querellaran contra dirigentes de la centro derecha, pero cuando las investigaciones llegaron a los dirigentes de izquierda, curiosamente los fundamentos son débiles para presentar acciones legales”. A juicio de Pérez Varela, “sería muy grave que en este caso el SII esté actuando bajo la presión del gobierno y por eso se inhibe de querellarse contra dirigentes vinculados al oficialismo, y que su objetivo sea sólo la oposición”.

Recalcó  que “el doble estándar es indignante porque, el SII y el Ministerio Público han sido implacables cuando se trata de personas vinculadas a la centro derecha, pero cuando se trata de gente de la otra vereda política se inhibe”. Pérez Varela dijo que “hay elementos suficientes para que el SII presente acciones por lo ocurrido en el caso Caval, a tal punto que uno de los abogados querellantes evalúa presentar una querella contra el director del organismo por su actitud pasiva”.

Puntualizó que “los chilenos están cansados de este doble estándar y la actitud del director del SII y del propio gobierno lo único que provoca es el desprestigio de las instituciones y se pone en jaque la confianza y la credibilidad del organismo encargado de cobrar los impuestos a los chilenos”. La situación, agregó, “también deja un manto de dudas respecto de cuál es la actuación del gobierno en estos casos y si efectivamente está presionando al señor Barraza, como ya lo hizo en el pasado el ex ministro del Interior”.